Nilo V. De La Rosa Jourdain
Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Máster en Derecho Civil, Université Panthéon-Assas, París, Francia
Máster en Derecho Ambiental, Universidad del País Vasco, España
Especialista en Protección Integral de Datos Personales.

 

Los fenómenos de la naturaleza y las enfermedades colectivas han acompañado y seguirán acompañando a la humanidad. En la memoria colectiva de las naciones y culturas, permanecen a través de las generaciones historias y leyendas relacionadas con grandes acontecimientos como huracanes, terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, epidemias que diezman poblaciones y plagas que destruyen cosechas. En el mundo occidental, subsisten en las bellas artes y en la conciencia popular, relatos vinculados a cataclismos climáticos como el diluvio universal, azotes de la naturaleza como las plagas de Egipto o epidemias como la peste negra o bubónica que asoló Europa y Asia durante la Edad Media.

Las inundaciones del río Tíber marcaron la política y el destino de la república y el imperio romanos. En no pocas ocasiones las terribles tempestades marítimas del norte del océano Atlántico han salvado a Gran Bretaña del dominio de importantes potencias continentales europeas. El “general invierno” es el héroe de guerra más eficaz y trascendente en el imaginario de los pueblos de Rusia.

La buena o mala gestión de los fenómenos naturales también ha determinado el futuro de gobiernos y líderes políticos. En el año 99 después de Cristo, una sequía brutal arrasó con las cosechas en Egipto, la cual que fue enfrentada con éxito por el emperador romano Trajano gracias a una eficiente logística de suministro de granos a la población que ya empezaba a sufrir hambruna. La acción sirvió para afianzar en Egipto la hegemonía imperial romana y en particular el liderazgo político de Trajano, llegando éste a ser inmortalizado a través de relieves en importantes templos dedicados a deidades como Amón-Ra y Hapi, relacionadas con las crecidas e inundaciones estacionales del río Nilo.

En 1930, el huracán San Zenón ocasionó tanta destrucción en la República Dominicana que aún en la actualidad sus efectos persisten en el imaginario, el arte y la cultura del país. La calamidad fue aprovechada por el Gral. Trujillo Molina quien, mediante decretos, se abrogó poderes extraordinarios y tomó importantes medidas asistencialistas que afianzaron su todavía débil presidencia, dando paso a treinta años de una de las dictaduras más espantosas de América Latina. En el año 2020, la gestión deficiente e irresponsable de la pandemia de la COVID-19, fue clave determinante en la estrepitosa caída del presidente y candidato reeleccionista de Estados Unidos Donald Trump.

Del mismo modo, la emergencia sanitaria del coronavirus se constituyó en una extraordinaria oportunidad para el afianzamiento de varias autocracias a nivel global, por medio de declaratorias de estados de excepción. Se impusieron confinamientos generalizados, uso obligatorio de mascarillas, toques de queda, prohibición de reuniones públicas, intervenciones económicas estatales, injerencia en la vida privada de los ciudadanos, aplazamiento de elecciones[1], y una amplia gama de medidas invasivas que, en circunstancias normales, difícilmente la ciudadanía hubiese tolerado con tal sumisión. En fin, la pandemia demostró una vez más que las crisis, particularmente las que involucran la supervivencia misma, por naturaleza propia son combustibles sucios pero efectivos para el fortalecimiento de proyectos populistas y autoritarios. Dicho otra forma, son “música celestial para los dictadores y los autócratas”[2].

Una vez más, todos fuimos testigos de la espantosa facilidad con la que la gente cedió sus derechos fundamentales en favor de la acción gubernamental. Una de las reflexiones postpandemia en la que deberían embarcarse todas las personas y partidos políticos que enarbolan la democracia y la dignidad de la persona humana, es entender cómo las crisis climáticas y sanitarias, no sólo ponen a prueba el Estado de Derecho a nivel global, sino que también amenazan su existencia misma.  ¿Qué debemos hacer o rectificar para que en el proceso inevitable de cambio climático o en la reproducción cada vez más frecuente de crisis sanitarias coincidentes con proyectos autoritarios ocultos, no sucumban la libertad y la democracia?

  • Evitar el catastrofismo adanista

Una de las características particulares de los personajes y organizaciones políticos populistas, tanto de derechas como de izquierdas, es el discurso basado en el catastrofismo y el adanismo. El catastrofismo sirve de base para declarar con desesperanza que la única realidad palpable es el caos, la corrupción y la derrota de la democracia liberal. El adanismo es esa mala actitud de iniciar actividades bajo la falsa premisa de que nada positivo se ha hecho con anterioridad.

Esa “liquidación adanista”[3] combinada con el catastrofismo, permite a los demagogos irresponsables obtener rentabilidades políticas inconmensurables. Estos dividendos, aunque a largo plazo insostenibles, a corto plazo son suficientes para ganar una elección, sobrevivir en el poder en medio de una crisis o capitalizar la calamidad para mayor concentración de poderes constitucionales. Aparte de ser esencialmente una práctica nociva e irresponsable, el catastrofismo adanista devela también una grave inmadurez mental y una profunda carencia psicológica en quienes lo ejercen ordinariamente en su vida política.

Una ética política basada en un humanismo integral impone la necesidad de evitar a toda costa la tentación del catastrofismo adanista ante las crisis climáticas y sanitarias. La manipulación masiva de las emociones a través de un relato aviesamente construido sobre una base catastrófica es una contradicción intrínseca en aquellos demócratas que buscan la perfectibilidad de sus sociedades. El discurso de la esperanza y de la seriedad, alejado de esa filosofía de la posverdad que intenta difuminar la línea fronteriza entre la verdad y la mentira, es lo que toca. Por otro lado, la humildad de reconocer adecuadamente el aporte de los pasados gerentes de la cosa pública es el perfume de la elegancia de los verdaderos demócratas.

  • Evitar el espectáculo histriónico

Recientemente se ha convertido en moda y tendencia en las redes sociales formas espectaculares e histriónicas de protestas por parte de algunos grupos “ecologistas”. Desde vandalizar importantes piezas y obras de arte patrimonio de la humanidad, pasando por desparramar lácteos y otros productos de origen animal en los supermercados, hasta obstaculizar vías públicas. Los perpetradores de estas prácticas, ridículas por sus altos niveles de maniqueísmo y radicalismo, cometen el error de computar su éxito en la medida en que se hacen “virales” a través de las redes sociales.

Este error de medición de favorabilidad radica en fijarse solamente en la cantidad de vistas, me gusta y reproducciones de las que son objeto los vídeos a través de redes como YouTube, TikTok, Instragram o Facebook. Estas personas tienden a ignorar o en el mejor de los casos a menospreciar el contenido de los comentarios que hacen los usuarios de estas redes sociales. Si hicieran un análisis de datos más profundo, de una simple lectura de una docena de comentarios se percatarían de la profunda repugnancia y animadversión que sus actos provocan en todas las clases sociales y grupos etarios.

Los demócratas profesionales han de perseverar en su madurez, su moderación y comedimiento como su signo distintivo político en las buenas, en las malas e incluso en las peores. No consentir en prácticas espectaculares e histriónicas es una forma eficaz de marcar distancia frente a grupos políticos cuya aceptación en los partidos no sólo sería contraproducente desde el punto de vista electoral, sino dañina desde el punto de vista estrictamente político. Al fin y al cabo, el dirigente y no el dirigido, es quien sabe contenerse en su templanza y ecuanimidad en medio de la adversidad.

  • Fortalecer la protección de la privacidad y los datos personales

Existe un consenso global en que, si antes de la crisis sanitaria ya había un fuerte impulso hacia la digitalización, el coronavirus marcó el hito definitivo de la digitalización no sólo de la economía, sino también del trabajo e incluso de las relaciones sociales y familiares. Pero la digitalización conlleva, inevitablemente, mayores niveles de vulneración del derecho fundamental a la privacidad, la intimidad y la protección de los datos personales. No existe mejor vía para el reforzamiento de la vigilancia masiva que la digitalización.

Siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la mayoría de los países la determinación de un mapa de contagio de un individuo se convirtió en parte del protocolo normal de atención. Estados como Corea del Sur, Singapur o Israel[4] desarrollaron formas de utilizar la telefonía móvil para el rastreo, localización y detención de las personas que figuraban en el mapa de contagio. ¿Quién en su sano juicio va a pensar que esta práctica no se usaba antes y quien en su sano juicio va a pensar que estas técnicas no se siguen usando para fines más allá que los sanitarios?

En países como India o Australia las autoridades sanitarias exigían que las personas en cuarentena subieran selfis a las redes sociales con geolocalización activada para comprobar que estaban en casa. En otras latitudes como Hong Kong se obliga a miles de viajeros que arriban a usar brazaletes electrónicos de geolocalización[5]. En síntesis, lo normal y ordinario en una sociedad orwelliana en todo el sentido de la palabra.

Producto del aprendizaje de los años 2020 y 2021, los demócratas sensatos tienen el deber de fortalecer en cada uno de sus países los regímenes constitucionales y legales de protección integral de la privacidad y de los datos personales. Ordenamientos jurídicos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea emitido en el año 2016 o el Convenio 108 Modernizado[6] del Consejo de Europa, son en la actualidad la vanguardia en la materia y son referencia idónea para las legislaciones nacionales. Adicionalmente deben crearse órganos de control y defensa de la privacidad y de los datos personales, con suficiente independencia política, administrativa y financiera para llevar a cabo su labor con efectividad vinculante y fuerza sancionatoria respetable. Esta es una tarea de los amantes de la democracia.

  • Regular los estados de excepción

La mayoría de las legislaciones consideran estados de excepción como aquellas situaciones que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y de las personas bajo su jurisdicción. Existen distintas modalidades como estado de defensa, estado de conmoción interior o estado de emergencia[7]. La idea básica de los estados de excepción es la suspensión de los derechos fundamentales ordinarios para facilitar el ejercicio extraordinario del poder estatal que amerita la situación.

La totalidad de los Estados de la Unión Europea y del continente americano declararon estados de excepción con motivo de la crisis sanitaria. El número varió sustancialmente en Asia, África y Oceanía. La mayoría de esos estados de excepción se fundamentaron en motivos de salud pública legítimos. En otros casos es evidente que obedecieron a delirios ocultos autoritarios o populistas, o ambas cosas a la vez.

Personajes como López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil, Johnson en Reino Unido, Donald Trump en Estados Unidos, Nicolás Maduro en Venezuela o Bukele en El Salvador, encontraron en la crisis sanitaria un contexto idóneo para hacer un vistoso despliegue de sus habilidades demagógicas, llegando en algunos casos a revertirse en su contra. Por otro lado, Xi Jinping en China y Erdogan en Turquía, encontraron en la pandemia una autopista para llevar aún más lejos sus proyectos de concentración de poderes constitucionales, de represión sistemática de la disidencia política, así como de minorías étnicas como los uigures.

El caso de Víktor Orbán en Hungría es elocuente. Este personaje, escudado en medidas de salud pública, cerró el parlamento, limitó los tribunales de justicia y aplazó indefinidamente las elecciones. De esta forma, el primer ministro se alzó con el control absoluto del Estado húngaro gobernando a base de decretos.

El Estado de derecho es un pilar fundamental de las democracias. El sometimiento de todos, también de los poderes ejecutivo y legislativo, al imperio de la ley aplicada por jueces libres e independientes es la mejor garantía de calidad democrática[8]. En consecuencia, los estados de excepción no pueden, bajo ningún concepto, perder de vista esta realidad.

La crisis sanitaria desnudó la realidad jurídica de buena parte de los Estados que, si bien es cierto que tenían previsto constitucional y legalmente los estados de excepción, no menos cierto es que sufrieron las consecuencias de graves limitaciones, carencias y debilidades legislativas en la materia. Los demócratas de convicción están llamados a reformar estos regímenes legales estableciendo principios de aplicación fuertes, claridad en cuanto a los derechos fundamentales “intocables”, limitantes jurídicas, controles parlamentarios y judiciales efectivos, entre otros.

  • Controles a las compras públicas de emergencia

Íntimamente ligado a las legislaciones nacionales de contrataciones públicas, existen procedimientos de emergencia con motivo de las declaratorias de estados de excepción. El objetivo es que, a los fines de una eficaz respuesta gubernamental a la crisis, se eliminen los controles ordinarios y se acorten los plazos para la compra y adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.

La crisis sanitaria enseñó que buena parte de las legislaciones nacionales de América Latina, si bien han previsto las compras públicas de emergencias, no fueron ni suficientes ni adecuadas para evitar o minimizar la corrupción administrativa. Casos emblemáticos de corrupción con múltiples beneficiarios tanto en la función pública como en las empresas proveedoras, sacudieron algunas naciones como Paraguay, Panamá o República Dominicana. La indignación se disparó al tratarse de personas que intentaron lucrarse en un marco de pandemia en la que muchos se debatían entre la vida y la muerte.

Las crisis sanitarias y climáticas por igual son oportunidades idóneas y sumamente atractivas para las estructuras de corrupción. En consecuencia, los demócratas están llamados a fortalecer las legislaciones en materia de control de las compras y contrataciones públicas de emergencia. No existe mayor enemigo de la salud de la democracia y del Estado de derecho, incluso más que la excesiva legislación, que la corrupción tanto pública como privada. La pandemia abrió los ojos a muchos de que la corrupción puede significar incluso la muerte.

  • Exorcizar el fantasma nuclear de Cuba

A raíz la crisis de los misiles nucleares soviéticos instalados en Cuba en octubre del año 1962 el mundo entró, con mucha razón, en una especie de shock paranoico con respecto a todo lo que involucre material nuclear, incluso para uso civil y pacífico. El Papa Juan XXIII publicó ese mismo año su famosa Encíclica Pacem in Terris, en la que exhorta a lo líderes mundiales a deshacerse de ese tipo de armamento. Como reacción continental en el año 1967, la totalidad de los Estados de América Latina y el Caribe, suscribieron en México el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, siendo el primer instrumento jurídico del mundo sobre no proliferación nuclear.

A pesar de que el artículo 17 del mencionado tratado claramente excluye de las prohibiciones al uso pacífico de la energía nuclear, sin duda alguna que el tratado nacido a raíz de la crisis de los misiles soviéticos en Cuba combinado con la nueva línea doctrinaria antinuclear de una Iglesia Católica con un peso inigualable en América Latina; ha contribuido a establecer en la psique colectiva y en la opinión pública una especie de fantasma tenebroso en torno a la energía nuclear. A pesar de lo antes dicho, según el Sistema de Información de Reactores de Energía (PRIS)[9] de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), México, Brasil y Argentina a duras penas poseen cada uno 2 reactores, para una población total aproximada de 400 millones de habitantes.

La realidad es que frente a la necesidad de una transición energética amigable con el clima y a la necesidad de incrementar la seguridad energética nacional a fin de garantizar su estabilidad, disponibilidad y potencia, la energía nuclear es una opción plausible y factible. Los demócratas de América Latina les convendría despojarse de sus antiguos fantasmas y abrir sus mentes a nuevos horizontes científicos en materia de energía nuclear. Nuevas crisis climáticas pudieran mitigarse o en el mejor de los casos gestionarse con mayor facilidad, si se registra una disminución drástica del uso de combustibles fósiles.

Tal y como dijo el físico teórico Stephen Hawking en un coloquio en Tenerife: “Me gustaría que la fusión nuclear se convirtiera en una fuente de energía práctica. Proporcionaría un suministro inagotable de energía, sin contaminación ni calentamiento global”[10]. Por otro lado, el ambientalista y meteorólogo británico James Lovelock defendía durante toda su vida profesional que “sólo la energía nuclear puede detener el calentamiento global”.

Se impone la necesidad de aunar esfuerzos regionales en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como desarrollar acuerdos de cooperación más complejos con países tecnológicamente más avanzados en materia energética sin ambiciones hegemónicas geopolíticas en nuestra región, tales como Israel, Corea del Sur, Alemania, Japón o Taiwán.

Los demócratas de centro están llamados a impulsar leyes de cambio climático que marquen un hito en cada uno de sus Estado en la gestión de la transición energética, la reducción de emisiones de carbono, la prevención y mitigación de desastres. Leyes de cambio climático que traigan coherencia mínima entre los objetivos de desarrollo nacional, los modelos de desarrollo económico y los riesgos climáticos y sanitarios a los que nos enfrentamos en la vida ordinaria.

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[1] En 2020, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES), registró el aplazamiento de elecciones en sesenta y cuatro países y ocho territorios y un total de ciento nueve convocatorias electorales. Sólo en América Latina fueron aplazadas elecciones nacionales, locales y plebiscitos en México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y República Dominicana.

[2] NAÍM, Moisés. La revancha de los poderosos. Miami: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., 2022, p. 284.

[3] RAJOY, Mariano. Política para adultos. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., 2021, p. 177.

[4] https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/middleeast/israel-coronavirus-cellphone-tracking.html

[5]https://elpais.com/sociedad/2022-07-12/hong-kong-impondra-un-brazalete-electronico-para-controlar-las-cuarentenas-en-casa-de-positivos-de-coronavirus.html

[6] En América Latina solamente México, Argentina y Uruguay se han adherido al Convenio 108 como Estados no miembros del Consejo de Europa.

[7] En países como España la legislación prevé estados de guerra, de alarma y de sitio.

[8] RAJOY, Mariano. Política para adultos. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., 2021, p. 186.

[9] https://pris.iaea.org/pris/

[10] https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2014/09/28/stephen-hawking-apuesta-por-fusion-nuclear-312710-1361024.html